Tras la investigación de Hugo Alconada Mon que reveló la subejecución del 73,8% en el fideicomiso SisVial, los tribunales federales avanzan sobre el Ministerio de Economía de Luis Caputo. El dinero del impuesto a los combustibles, originalmente destinado al asfalto, se retuvo en letras del Tesoro mientras las rutas nacionales siguen en estado crítico
El manejo de los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo Nacional se consolidó como uno de los mayores focos de conflicto judicial y político de la primavera. La administración de Javier Milei enfrenta un complejo escenario en los tribunales de Comodoro Py, tras revelarse la parálisis intencional de la infraestructura pública y el desvío de partidas específicas hacia el mercado financiero para forzar el superávit fiscal.
De acuerdo con la auditoría contable y periodística llevada adelante por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, el Gobierno nacional acumuló una recaudación superior a los 1,5 billones de pesos en el fideicomiso Sistema Vial Integrado (SisVial), el cual se nutre directamente de la porción correspondiente del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Sin embargo, la gestión libertaria apenas ejecutó una fracción mínima de $394.406 millones, alcanzando una tasa de subejecución acumulada que llega al 73,8%.
Lejos de destinarse al bacheo o ensanchamiento de las calzadas, los recursos sobrantes pasaron a engrosar una agresiva mesa de dinero bajo la órbita de la cartera económica. El informe detalla de forma contundente el destino de esos recursos específicos: “Al 31 de diciembre de 2025, el 100% de los $664.494 millones de la cartera estaba colocado en letras del Tesoro”. Esta operatoria financiera fue justificada semanas atrás por el propio ministro Luis Caputo, quien esgrimió que el dinero no invertido se colocaba temporalmente en instrumentos bancarios del Banco Nación o títulos públicos “para que esa plata no pierda valor”. Sin embargo, voceros oficiales admitieron que la retención sirvió fundamentalmente como un ancla para “lograr el equilibrio fiscal”.
El frente judicial activo
La inacción en el asfalto transformó el escándalo periodístico en un expediente criminal. El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº11, Ariel Lijo, aceptó formalmente como querellantes en la causa por presunta malversación de fondos públicos e incumplimiento de deberes al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.
La investigación penal se aceleró con la emisión de requerimientos oficiales dictados por el magistrado hacia el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), exigiéndoles la entrega inmediata de todos los balances de movimientos bursátiles aplicados a los fondos de afectación específica. Mientras las provincias denuncian que las rutas nacionales ya no presentan baches sino verdaderos “cráteres”, la acumulación de amparos judiciales de jueces del interior que obligan al Gobierno a reparar de forma urgente tramos destruidos sumó una presión inédita sobre las cuentas que maneja el Palacio de Hacienda.