Aapresid alertó sobre que la vigencia de contratos de arrendamientos de solo un año de extensión es uno de los factores que a veces juega a favor del uso de la labranza, en desmedro de la siembra directa.
La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) insistió la última semana con un reclamo que desde varias entidades del campo suelen reiterar de manera frecuente: cambios en las normativas que inciden en los arrendamientos agrícolas, que impongan plazos mínimos para los alquileres o incentivos fiscales para quienes firmen contratos largos, lo que consideran ayudará a ganar sustentabilidad.
Aapresid recordó reportes recientes que alertan sobre un incremento en la cantidad de campos en los que se utilizó labranza, en desmedro de la siembra directa, lo que significa menor productividad, eficiencia y cuidado del ambiente, ya que se aumentan las emisiones de carbono.
En ese marco, la Asociación consideró a los contratos anuales como “uno de los enemigos de la sustentabilidad”.
ALQUILERES AGRÍCOLAS
Según el informe “No a la labranza” de Aapresid, el 60% de la superficie agrícola argentina está bajo un régimen de arrendamiento anual y “la falta de planificación debida a la incertidumbre que genera esta anualidad lleva en muchos casos a la ausencia de cultivos invernales o a implementar esquemas de baja reposición de nutrientes (hoy se repone solo el 38% de los nutrientes exportados en el país)”.
“A su vez, la concreción tardía de contratos hace que las empresas se encuentren lotes con infestaciones de malezas en estados avanzados, lo cual limita la efectividad de estrategias de control no mecánicas”, añadió.
En este marco, citó el caso de una empresa oriunda de Pergamino y socia de Aapresid, Man Agro, que produce el 100% bajo arrendamiento con renovación anual.
UN ASUNTO DE ESTADO
Bajo este panorama, el informe de Aapresid subraya que el suelo es un bien común de la ciudadanía argentina y que por tanto es clave que el Estado aliente el manejo sustentable, a través de por ejemplo, programas de reducción fiscal a dueños de campos que concreten contratos de más de 5 años, o implementación de planes de uso del suelo.
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