El senador de la séptima sección electoral y ex intendente de General Alvear, Alejandro Celillo, junto integrantes del bloque de diputados de UCR – Cambio Federal se reunió con representantes de Pymes bonaerenses para escuchar el impacto que podría provocar en el sector de aprobarse la Ley de indemnizaciones.
En el marco del debate que abrió el proyecto de indemnizaciones laborales en el Senado de la provincia de Buenos Aires, integrantes del bloque de diputados de UCR – Cambio Federal se reunió con representantes de Pymes bonaerenses para escuchar el impacto que podría provocar en el sector de aprobarse la medida.
Al respecto, el senador Alejandro Cellillo contó que mantuvieron una reunión con integrantes de Monapy “para escucharlos y entender de primera mano la situación actual de las PyMes”.
“Coincidimos en rechazar al proyecto de ley de indemnizaciones, impulsado por el oficialismo en la Legislatura”, comentó el senador radical adelantando la postura de la bancada correligionario frente a la iniciativa oficialista que busca modificar el sistema de cálculo de las indemnizaciones laborales en la provincia.
En tanto, el correligionario que compartió el encuentro junto a su par Ariel Bordaisco resaltó: “necesitamos una provincia con empresas fuertes y un horizonte de estabilidad para que puedan generar trabajo genuino para todos los bonaerenses”.
Asimismo, desde Monapy comentaron que fueron recibidos por los senadores radicales “quienes fijaron posición en nombre de todo el bloque UCR rechazando la iniciativa que tiene media sanción de Diputados”.
El proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados tras un duro debate fue impulsado por las diputadas Maite Alvado y Soledad Alonso, y propone sustituir en los juicios laborales la tasa pasiva, que actualmente se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio, por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
El objetivo de esta iniciativa es subsanar el perjuicio que representa para los trabajadores de la provincia que, en un contexto inflacionario y con juicios que demoran en promedio cinco años, se aplique una tasa que licúa la indemnización que recibe la persona al momento de su pago efectivo.
Así, la resistencia que opone la iniciativa se trasladó al Senado donde los senadores orgánicos del PRO y de la UCR ya adelantaron su voto negativo.