En una sesión marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición, el Concejo Deliberante de 25 de Mayo aprobó por unanimidad la derogación de la Ordenanza 3533/2023. Esta norma, sancionada el 29 de diciembre de 2023 a propuesta del intendente Ramiro Egüen, declaraba la emergencia económica, financiera, administrativa, laboral, sanitaria, social, fiscal, vial, ambiental, habitacional y de servicios públicos en el distrito.
La iniciativa para anular la medida fue presentada por los bloques Unión por la Patria, Frente de Todos, Partido Justicialista, Frente Renovador y Peronismo Renovador. Desde estas bancadas cuestionaron las “superfacultades” otorgadas al jefe comunal y señalaron que la ordenanza había debilitado el rol del Concejo. Además, criticaron que, mientras se argumentaba falta de fondos, en enero de 2024 se otorgara un aumento del 30% a funcionarios cercanos al intendente, mencionando a la secretaria de Gobierno, Mercedes Squillaci, y al responsable del área Legal y Técnica, Francisco Recalt, ambos candidatos de Acción Ciudadana.
Para la oposición, la emergencia “nunca existió” y fue utilizada para evitar la transparencia en los actos de gobierno, justificando despidos, compras directas y otras medidas. “Todos los problemas actuales de 25 de Mayo son responsabilidad de este intendente”, afirmaron.
Desde el oficialismo defendieron la ordenanza, asegurando que fue necesaria ante la ausencia de traspaso de gestión por parte del exintendente Hernán Ralinqueo y el estado crítico de las cuentas municipales. Argumentaron que la rendición 2024 del Ejecutivo mostró que las finanzas fueron saneadas, lo que respaldaría la derogación.
En el cierre del debate, el concejal José Guarch (La Libertad Avanza) instó a “dejar de lado discusiones estériles” y pidió un sistema de información claro sobre las cuentas municipales.
Ayudantía Fiscal: debates y veto
En la misma sesión, se resolvió devolver a comisión dos expedientes relacionados con la Ayudantía Fiscal. El primero convalida el Decreto 538/2025, que destina un inmueble municipal en calles 32 y 103 para uso conjunto de la Ayudantía Fiscal y la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI). El segundo es una nota del intendente informando que se puso el inmueble a disposición del Procurador General de la Suprema Corte provincial para firmar un nuevo convenio.
El bloque peronista cuestionó la compra del terreno, alegando que no está subdividido ni loteado y que se inunda, lo que lo haría inapto incluso para viviendas. El oficialismo replicó que un informe técnico del Ministerio no descartó su uso y que el municipio se comprometió a realizar las obras necesarias, quedando la decisión final en manos de la Procuración.
Más adelante, el veto del Ejecutivo a la Ordenanza 3603/2025, que impulsaba la puesta en marcha de la Ayudantía Fiscal, fue rechazado para su tratamiento inmediato y enviado a comisiones con pronto despacho, a pedido de la oposición.
Además
Entre otros puntos, el Concejo aprobó por unanimidad dos pedidos de informes al Ejecutivo: uno sobre el sistema de becas estudiantiles y otro sobre la recolección de residuos domiciliarios y la colocación de volquetes. También se avaló una resolución del bloque PRO Democracia solicitando el mantenimiento y mejora de la Plaza Sarmiento.
Asimismo, se solicitó al Ejecutivo un detalle sobre el uso de recursos del Fondo Educación, Ciencia y Tecnología para el ejercicio 2025, y al Tribunal de Cuentas un informe sobre la utilización de esos fondos en 2024.
Por último, fue archivada —por mayoría— la propuesta del secretario general de la Asociación de Empleados Municipales, Pedro Maico, de crear un “Consejo del Empleo Municipal” como órgano consultivo y asesor.
Fuente y foto: Andrés Álvarez: La Mañana