Gianluca Serantes, en esta nota de opinión, analiza la realidad de los jubilados en el marco del gobierno libertario. Pasen y lean.
(Por Gianluca Serantes) El sistema previsional argentino está en crisis desde hace años. No es algo que haya empezado con Javier Milei, aunque su gobierno volvió a poner el tema en el centro del debate. Muchas veces la discusión se simplifica en una sola idea: ajuste y pérdida de derechos. La realidad, como casi siempre, es más incómoda.
Entre 2019 y 2023, las jubilaciones se deterioraron de forma sostenida. En esos cuatro años, el poder adquisitivo real de la jubilación mínima cayó cerca de un 7,6 %, incluso contando los bonos. La inflación acumulada superó el 1.000 % y 2023 cerró con registros anuales por encima del 200 %. Los aumentos de haberes y salarios nunca lograron seguirle el ritmo a los precios. El resultado fue claro: hacia fines de 2023, la jubilación mínima con bono apenas rondaba los 195 dólares.
Hoy el escenario es distinto, aunque lejos de ser ideal. La desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria permitieron una recuperación parcial del haber medido en dólares. La inflación anual sigue siendo alta, pero ya no está en niveles extremos. Eso no significa que los jubilados vivan mejor, pero sí que se frenó, al menos en parte, la licuación permanente de ingresos y apareció algo clave: previsibilidad.
El problema de fondo, sin embargo, no está solo en el monto de las jubilaciones. Argentina tiene alrededor de 7,4 millones de jubilados y pensionados, y ese número sigue creciendo. Del otro lado, la cantidad de trabajadores que sostienen el sistema es limitada. De los casi 13 millones de trabajadores registrados, solo entre 6,5 y 7 millones pertenecen al sector privado formal. El resto corresponde al sector público o a regímenes especiales. Con esta relación, el sistema previsional funciona al límite.
Una de las razones principales de este desequilibrio fueron las moratorias previsionales. Hoy, cerca del 68 % de las jubilaciones se otorgaron sin completar los 30 años de aportes. A comienzos de los 2000, esa cifra era prácticamente inexistente. Las moratorias ampliaron derechos y evitaron que millones de personas quedaran sin ingresos en la vejez, pero también debilitaron el sistema contributivo y trasladaron el costo al conjunto de la economía.
La decisión del gobierno de no abrir nuevas moratorias va en esa línea de corrección estructural. Para quienes no cumplen los años de aportes, se mantiene la PUAM, que equivale al 80 % de la jubilación mínima y garantiza cobertura de salud. No es una solución perfecta, pero sí un cambio de criterio respecto del pasado.
En salud, el reordenamiento del PAMI también generó tensiones. Se eliminó la gratuidad de medicamentos para jubilados con ingresos más altos, con prepaga o determinados bienes, mientras quienes cobran la mínima conservan la cobertura plena. La medida generó rechazo, pero responde a una lógica de focalizar recursos en un sistema que venía creciendo sin controles claros.
La era Milei no ofrece soluciones mágicas, ni inmediatas al problema jubilatorio. Pero sí deja algo en evidencia: sin inflación controlada, sin más empleo formal y sin una relación equilibrada entre aportantes y beneficiarios, cualquier mejora será siempre transitoria. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. No alcanza por sí sola, pero sin ella, las jubilaciones dignas seguirían siendo una promesa incumplida.
Foto: Ariel Torres