Las presentó la concejal de Juntos (Coalición Cívica), Giana Fuentes, tras la ordenanza aprobada el lunes en el concejo deliberante
En la pasada sesión ordinaria del Concejo Deliberante, y en el marco del tratamiento del expediente N° 221/2023 referente a la ordenanza que establece el acceso al agua potable, libre y gratuita para el consumo, iniciativa del oficialismo, la concejal Fuentes de Coalición Cívica, tomó la palabra para expresar en primer término su acompañamiento al mismo, pero destacando que difícilmente se pueda cumplir con la ordenanza en tanto en la ciudad cabecera del Partido de 25 de Mayo el agua es de dudosa potabilidad.
En respuesta a las manifestaciones vertidas en redes sociales al día siguiente por el funcionario Martín Raposo, Director de Agua y Cloacas, Fuentes sostuvo “que no está alarmando ni asustando a la población, y que justamente tiene prueba contundente para fundar la sospecha que sostiene”.
En el día de ayer, la edil anunció públicamente la denuncia penal que formularon días pasados con la concejal Marcela Bucci (de Coalición Civica) ante la ayudantía fiscal de 25 de Mayo. La misma está dirigida a Pablo Maldonado, Secretario de Obras Públicas, Martín Raposo Director de Agua y Cloacas, y al intendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, en sus condiciones de responsables como funcionarios públicos de la administración municipal de 25 de Mayo, por la distribución de agua corriente no apta para consumo humano en la red pública en la ciudad cabecera del Partido, por la posible comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público tipificado en el art. 249 del Código Penal.
“Agua potable que no es tan potable, consumiremos en 25”, señaló
Además, la edil dijo:
Los hechos denunciados, que hacen presumir la posible comisión del delito, determinaran en definitiva las responsabilidades que cada uno tenga por su cargo.
El 30/01/23, la Municipalidad de 25 de Mayo publicó en redes sociales un informe sobre los resultados de los análisis físico-químicos y bactereológicos realizados a los distintos pozos de agua en la ciudad cabecera del Partido. Dicho informe no contaba con los resultados de todos los pozos que fueron analizados, y la Municipalidad alegremente informó “ Los resultados indicaron que se cumple con los estándares exigidos” lo que se traduce en que, el agua en su totalidad estaba en perfecto estado y apta para el consumo de la población.
Sin embargo, días posteriores al tomar conocimiento de fuente verosímil que, en tres de los pozos analizados todos en misma fecha 24/11/2022, el 8, 9 y 10 tuvieron valores no aptos para el consumo humano, nos pusimos en alerta he hicimos una presentación formal por mesa de entrada el día 13 de febrero donde firmamos todos los concejales de Juntos y Juntos por el Cambio, requiriendo información específica de los resultados en cuestión, que al día de la fecha no ha sido contestada por el Ejecutivo.
Esos análisis, de “febrero” no fueron publicados en la página oficial del ente municipal, de hecho, al día de la fecha no están. Por otro lado, coincide en que justamente son los pozos que no fueron publicados con anterioridad y son los que justamente habrían dado malos resultados a fin del año pasado.
Leída esta información fuimos a chequear que estuvieran fuera de servicio, y para sorpresa nuestra ambos estaban en pleno funcionamiento, lo que quedó constatado ante escribano público, incluso que del pozo 9 ubicado en calle 35 e/ 1 y 2, había derrame de agua
Al día de la fecha siguen funcionando y no se han tomado medidas de saneamiento de ningún tipo.
Los controles al agua deben realizarse periódicamente, pero llama la atención que en el término de 15 días se publiquen 2 informes. Estos análisis consisten en análisis químico y bacteriológico que determinan, los niveles tolerables y permitidos de potabilidad del agua.
Entendemos que dicho accionar por parte de los funcionarios responsables de brindar un servicio de agua corriente confiable a la población, no solo está infringiendo normas de ética pública, sino que están violando los deberes como funcionarios, poniendo en riesgo la salud pública.
Dicho proceder evidencia el desinterés y la desidia, contradice la ética y la responsabilidad que debiera primar en los actos de gobierno, preservando el bien común y la seguridad pública sanitaria.
Las mentiras, el encubrimiento y la omisión de intervenir ante resultados desfavorables en análisis del agua corriente, dejando a la población desprotegida nada más y nada menos que en su salud, constituyen falta grave de los funcionarios en la cadena de responsabilidades que cada uno asume en la función pública, y esto es lo que determinará en definitiva la justicia.
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