Durante el primer año de gestión de Javier Milei, más de 12 mil PyMEs argentinas han cesado sus operaciones. Esta cifra, impactante por sí misma, se agrava al contextualizarla con el período 2017-2025, donde la destrucción de empresas supera las 30 mil.
(Por Leo Baldo) La velocidad a la que las empresas cierran sus puertas en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes, comparables con los registrados durante la pandemia de COVID-19, a pesar de un contexto sanitario notablemente menos adverso. Daniel Rosato, presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), dialogó con el programa “Desde el Canil” de Bravo TV, donde expuso una preocupación creciente sobre el rumbo de la política económica del actual gobierno.
Rosato reveló que, durante el primer año de gestión de Javier Milei, más de 12 mil PyMEs argentinas han cesado sus operaciones. Esta cifra, impactante por sí misma, se agrava al contextualizarla con el período 2017-2025, donde la destrucción de empresas supera las 30 mil. La aceleración de este proceso es lo que más inquieta al dirigente industrial: “Entre enero de 2024 y enero de 2025 perdimos más de 12 mil empresas, y eso sin contar los cierres que ocurrieron entre febrero y junio. Es una cifra que marca con claridad el rumbo que estamos tomando”, enfatizó Rosato.
Si bien el presidente de IPA reconoció el éxito del Gobierno en el control de la inflación y la reducción del déficit fiscal, criticó enfáticamente la apertura importadora y el incremento de los costos en dólares para el sector productivo. Para Rosato, el problema trasciende el mero cierre de empresas, ya que implica la pérdida de empleo, conocimiento, capacidad instalada y la generación de divisas genuinas. “Este modelo nos está llevando a desmantelar el aparato productivo nacional. La industria PyME, que históricamente ha sido uno de los motores del empleo y la economía, está siendo dejada de lado”, subrayó.
El aumento de los costos en dólares, especialmente en energía, insumos importados y financiamiento, agrava aún más la situación. Rosato insistió en la diferencia crucial entre estabilidad macroeconómica y desarrollo productivo: “El Estado está enfocado en ordenar sus cuentas, pero no se está ocupando de cuidar la industria. No se puede hablar de crecimiento sin proteger a quienes generan empleo”, alertó.
Desde IPA, el reclamo al Gobierno es un giro de 180 grados en su política industrial y comercial. Rosato fue contundente: “Estamos pidiendo plata prestada para engrosar las reservas, cuando deberíamos estar generando divisas a través de la producción nacional y la exportación de valor agregado. Las PyMES podrían ser parte central de ese camino, pero en lugar de apoyarlas, las estamos empujando al cierre”. Además, recordó que las economías desarrolladas implementan estrategias activas para proteger sus industrias: “El mundo está en guerra comercial, todos protegen su industria, menos nosotros. Acá vamos en sentido contrario: abrimos la economía, bajamos aranceles y dejamos que ingresen productos importados sin ningún tipo de control”, señaló.
“Le estamos dando empleo al resto del mundo”
En sintonía con el diagnóstico de Rosato, el periodista Ariel Maciel también advirtió sobre el impacto de las medidas del gobierno en el entramado productivo. “El cierre de fábricas está directamente vinculado con la apertura importadora. El propio Gobierno admite que no se puede competir, entonces ¿por qué avanzan con medidas que destruyen la industria local?”, cuestionó.
Maciel explicó que mientras países como Estados Unidos, Brasil o China elevan aranceles y restringen importaciones para proteger el empleo, en Argentina la tendencia es opuesta: “Bajamos aranceles, desregulamos y permitimos que productos importados ganen espacio en las góndolas. El resultado es que, aunque bajen los precios, los supermercados venden menos y la economía se enfría”, analizó.
Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo confirman la gravedad del panorama. La caída en el número de empresas registradas se acerca a los niveles del peor momento de la pandemia. Rosato destacó la diferencia con 2020, cuando el Estado intervino con políticas de asistencia como el ATP, logrando sostener a muchas empresas. “Actualmente no hay ayuda y el impacto es brutal”, completó, recordando que, en 2021, en un contexto mucho más desfavorable para la actividad económica, se perdieron más de 17 mil empresas.