La iniciativa, impulsada por los diputados Atilio Benedetti y Maximiliano Ferraro, busca establecer presupuestos mínimos ambientales para la aplicación de productos fitosanitarios. Fue elaborada con el aporte de más de 80 instituciones de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA) y cuenta con el respaldo de legisladores de distintos bloques políticos.
Con el número de expediente 5621-D-2025, fue presentado en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios. La propuesta es fruto del trabajo conjunto de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas, y fue impulsada por los diputados Atilio Benedetti y Maximiliano Ferraro, acompañados por 29 legisladores de bloques como UCR, CC-ARI, PRO, UXP, Encuentro Federal, Innovación Federal, Unidos, Coherencia, Democracia para Siempre y Liga del Interior-ELI.
El legislador Maximiliano Ferraro destacó en sus redes sociales: “Junto a Atilio Benedetti y más de 30 diputadas y diputados de distintos bloques políticos presentamos un proyecto de ley de presupuestos ambientales para la aplicación de fitosanitarios, elaborado con el aporte de más de 80 instituciones de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas”.
Además, subrayó que “es una propuesta construida desde el consenso para brindar certezas y tranquilidad a todos los actores involucrados, productores, vecinos y autoridades, a través de receta profesional obligatoria, trazabilidad, capacitación y reglas claras para cada aplicación”.
Actualmente, Argentina carece de una ley nacional específica que regule la aplicación de fitosanitarios, lo que genera incertidumbre, regulaciones locales dispares y desconfianza social. El proyecto impulsado por la RedBPA busca establecer un marco regulatorio uniforme, basado en evidencia científica y en criterios de gestión del riesgo reconocidos internacionalmente, tomando como referencia antecedentes nacionales e internacionales.
El objetivo central es brindar certidumbre, previsibilidad y confianza tanto al sector productivo como a la ciudadanía, compatibilizando la producción agrícola con la salud pública y la protección ambiental. La propuesta no es de carácter prohibicionista: reconoce la necesidad del uso responsable de fitosanitarios para sostener la productividad, pero establece reglas claras y seguras que protejan a los trabajadores y a las comunidades cercanas.
Entre los puntos más relevantes del proyecto se destacan:
- Responsabilidades claras: define las funciones y obligaciones de productores, aplicadores y organismos de control.
- Zonas de uso: incorpora las nociones de zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento cerca de poblaciones, cursos de agua, escuelas rurales y áreas protegidas.
- Receta profesional: toda aplicación deberá realizarse bajo receta emitida por un profesional matriculado.
- Control de insumos y equipos: se permitirá el uso exclusivo de productos autorizados por SENASA, y los equipos aplicadores deberán estar registrados y sometidos a verificaciones periódicas.
- Capacitación obligatoria: instituye un sistema nacional de formación continua para adaptarse a los avances tecnológicos y científicos.
- Monitoreo ambiental: prevé programas de seguimiento ambiental, epidemiológico y de residuos en alimentos, con información pública.
- Régimen sancionatorio: contempla sanciones administrativas que garanticen el cumplimiento efectivo de la norma y otorguen seguridad jurídica.
Según sus impulsores, la propuesta representa una herramienta normativa moderna, integral y equilibrada, destinada a armonizar y elevar los estándares de regulación sobre el uso de fitosanitarios, en pos de un sistema agroalimentario competitivo, innovador y ambientalmente sostenible.