Un informe detallado por el diario Perfil revela el impacto estructural de los femicidios y transfemicidios en Argentina entre 2015 y 2026. El relevamiento expone la falta de protección efectiva para cientos de víctimas que ya habían realizado denuncias previas
A 11 años de la histórica movilización que impulsó el reclamo colectivo bajo la consigna Ni Una Menos, las estadísticas oficiales continúan exponiendo la gravedad estructural de la violencia machista en Argentina. De acuerdo con una publicación del diario Perfil basada en el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro, el país registró un total de 3.424 víctimas fatales por razones de género en el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026.
El desglose de los datos publicados por Perfil permite dimensionar el alcance del flagelo en el territorio nacional:
- Víctimas directas y vinculadas: el registro contabiliza 3.073 femicidios y crímenes vinculados de mujeres y niñas, 78 transfemicidios, 4 lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
- Víctimas colaterales: la violencia de género dejó un saldo de 3.840 hijos e hijas que perdieron a sus madres como consecuencia de estos asesinatos.
El informe de la organización civil, respaldado por la Fundación Instituto Natura y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, pone la lupa sobre los entornos cotidianos, demostrando que el peligro se concentra mayoritariamente en los espacios teóricamente seguros. Del total de casos analizados, 978 crímenes ocurrieron en la vivienda particular de la víctima, 798 se ejecutaron en inmuebles compartidos con el agresor y 45 sucedieron dentro del ámbito laboral.
Por otra parte, la investigación periodística de Perfil resalta una falla persistente en las herramientas de prevención estatal y judicial, dado que muchas de las víctimas mortales contaban con antecedentes comprobables de maltrato o persecución. El relevamiento destaca que 436 mujeres y adolescentes asesinadas habían concretado denuncias previas frente a las autoridades, mientras que 188 de los agresores mantenían una medida cautelar de protección vigente dictada por la Justicia al momento de cometer el crimen.