La Cámara Baja vuelve a sesionar este miércoles para tratar el nuevo esquema de incentivos tecnológicos con un piso mínimo de 1.000 millones de dólares. El temario incluye el cierre de litigios por la deuda de 2001 y acuerdos internacionales
El asfalto del Congreso vuelve a calentarse este miércoles a partir de las 12, en una sesión especial donde el oficialismo busca meter primera con su proyecto más ambicioso para el sector tecnológico: el “Súper RIGI”. La jugada llega al recinto con el pulso acelerado de la rosca política, apenas un día después de que la oposición se quedara sin nafta en su intento por sentar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una jornada que naufragó por falta de quórum.
El proyecto que ahora baja a los escaños no es para cualquiera; apunta directo a la frontera tecnológica, a esas industrias innovadoras que todavía no existen en el país o que apenas dan sus primeros pasos experimentales. A diferencia del esquema original aprobado en la Ley Bases, la barra acá se puso mucho más alta. Ya no alcanzan los 200 millones de dólares de piso: para subirse a este tren y morder los beneficios hay que poner sobre la mesa un piso mínimo de 1.000 millones de dólares. A cambio, el Estado ofrece un blindaje pesado: estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un lapso de 30 años.
La letra chica del dictamen —que cosechó 61 firmas en comisiones con el respaldo del PRO, la UCR e Innovación Federal— deja en claro que el régimen es estricto y selectivo: deja afuera a la infraestructura tradicional y a la explotación de recursos naturales, concentrando toda la potencia del incentivo en la innovación pura. Quienes logren entrar contarán con una reducción de la alícuota de Ganancias al 15%, amortización acelerada de las inversiones, y un esquema cambiario clave que les permitirá, al tercer año, disponer libremente del 100% de los dólares generados por sus exportaciones.
Pero la rosca del día no termina en la tecnología del futuro; también mira de reojo las deudas del pasado. El temario incluye un proyecto con media sanción del Senado para activar un plan de pago definitivo con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, buscando cerrar los últimos litigios judiciales que arrastra el país desde el lejano default de 2001. La jornada se completará con la votación de una serie de acuerdos internacionales orientados a combatir la evasión con Francia, frenar la pesca ilegal con Italia y regular convenios de seguridad social con Suiza y San Marino.