El proyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación abarca múltiples sectores económicos. Busca habilitar la venta de remedios en góndolas, desregular el precio de los libros y garrafas, derogar la ley de arrendamientos rurales y eliminar la exigencia de matrícula para corredores inmobiliarios
El Gobierno nacional enviará en breve al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley que promueve una profunda desregulación en diversos sectores de la economía. La iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, contempla reformas sustanciales en la comercialización de medicamentos, el mercado editorial, el gas licuado, el crédito financiero, el sector agropecuario, la navegación y la intermediación inmobiliaria.
Entre los puntos más destacados, el anteproyecto flexibiliza el régimen de medicamentos para que las especialidades de venta libre puedan exhibirse en góndolas y comercializarse por canales electrónicos con entrega a domicilio. Asimismo, deroga la ley de precio uniforme de libros para permitir descuentos libres, y elimina la intervención estatal sobre los precios, márgenes de rentabilidad y cupos de comercialización de garrafas de gas (GLP).
En materia crediticia y financiera, la iniciativa actualiza el sistema de prendas y warrants, habilitando el uso de activos virtuales como criptomonedas y contratos inteligentes como garantía. En el ámbito del campo, propone la derogación de la Ley de Arrendamientos Rurales para que propietarios y arrendatarios pacten libremente plazos y precios.
El paquete suma además la apertura del cabotaje marítimo y fluvial a buques extranjeros con permisos temporarios, la eliminación de la obligatoriedad del título universitario y matrícula profesional para ejercer como corredor inmobiliario, la disolución de la Coviar y el recorte de facultades del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Finalmente, limita la exención de Ganancias para cooperativas con excedentes superiores a los 500 millones de pesos anuales.
Estas medidas retoman e intensifican reformas que el Poder Ejecutivo había intentado aplicar a través del DNU 70/23 —frenadas judicialmente en el capítulo farmacéutico— y del DNU 340/2025 de navegación fluvial, rechazado oportunamente por la Cámara de Diputados, buscando ahora su validación mediante el debate legislativo.