La Cámara de Diputados debate este miércoles dos proyectos clave para el Gobierno

Con inicio previsto para este miércoles a las 12, la Cámara baja debatirá un paquete estratégico impulsado por el Poder Ejecutivo que incluye sanciones por la explotación ilegal en el Atlántico Sur, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y el blindaje de la “emisión cero” en la entidad monetaria. Mientras el oficialismo negocia a contrarreloj para evitar que se caiga un capítulo resistido por los bloques dialoguistas, la oposición dura denuncia una concentración inédita de facultades

El recinto de la Cámara de Diputados abrirá sus puertas este miércoles para protagonizar una extensa jornada parlamentaria centrada en un menú de proyectos estratégicos promovidos por el Gobierno nacional. Entre los puntos salientes de la orden del día sobresalen la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional —conocida popularmente como “Ley Malvinas”— y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La sesión especial, solicitada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto a otros legisladores oficialistas, comenzará formalmente a las 12 del mediodía y se proyecta que las deliberaciones se extiendan hasta altas horas de la madrugada. El temario legislativo también contempla los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires (vinculados a delitos cometidos por menores y contra la integridad sexual), el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, además de la enmienda al Protocolo de Montevideo.

La pulseada por la “Ley Malvinas” y el resistido capítulo 7

En lo que respecta al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, el oficialismo cuenta con los respaldos necesarios para lograr su aprobación en general, aunque enfrenta el latente riesgo de sufrir la amputación de un capítulo entero durante la votación en particular debido a las fuertes objeciones de sectores dialoguistas.

Durante una reunión celebrada a puertas cerradas en el Salón de Honor, el oficialismo recibió respuestas dispares por parte de sus aliados habituales: mientras el PRO y la UCR comprometieron su acompañamiento al texto original o con ajustes, espacios como Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi exigieron modificaciones sustanciales en el capítulo 7 como condición para aportar sus votos. Ante la oferta oficial de introducir únicamente retoques menores, crece la posibilidad de que ese tramo sea rechazado en el recinto.

El conflicto radica en que el capítulo 7 requiere una mayoría especial de 129 votos al introducir reformas en el sistema electoral, tales como la aplicación de multas a ciudadanos extranjeros que financien campañas políticas. Al no tener garantizado ese piso, en el entorno gubernamental no descartan retirar ese apartado a último momento para preservar un consenso amplio en torno al núcleo central de la norma: las sanciones penales y económicas contra compañías petroleras que operen sin autorización argentina en el Atlántico Sur.

El articulado propone penas de hasta 20 años de prisión para directores, socios, proveedores y accionistas de empresas involucradas en la explotación ilegal de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, dejando exceptuados a los accionistas con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión con intervención indirecta. Asimismo, tipifica delitos vinculados al espionaje, la revelación de secretos de Estado y las campañas de sabotaje, aunque tras una ola de cuestionamientos previos el Ejecutivo accedió a excluir explícitamente de cualquier persecución a la actividad diplomática, el ejercicio periodístico, la investigación académica y el lobby regulado.

Consejo de Seguridad Nacional y las críticas de la oposición

Más allá del consenso sobre la protección de los recursos australes, el resto del articulado despierta serias resistencias en el peronismo y la izquierda, desde donde califican la iniciativa como un “caballo de Troya” destinado a habilitar una concentración extraordinaria de poder en manos del Ejecutivo bajo la figura ambigua de una “amenaza externa”.

El eje de la controversia gira en torno a la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un nuevo organismo encargado de coordinar la estrategia unificada de defensa, seguridad e inteligencia estratégica. Presidido por el Presidente de la Nación, estará integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, junto al titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica, sumándose como miembros no permanentes —a pedido de bloques aliados— las autoridades de ambas cámaras del Congreso y gobernadores provinciales.

Entre sus atribuciones, el Consejo podrá proteger infraestructuras críticas y dictar medidas de excepción frente a una amenaza externa grave, incluyendo restricciones cambiarias y financieras, bloqueo preventivo de fondos, suspensión de contrataciones, limitaciones al comercio exterior y subas temporales de derechos aduaneros. A esto se suman puntos altamente sensibles como el protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques, la habilitación para que las Fuerzas Armadas intervengan en “operaciones no convencionales” —desdibujando el límite legal con la seguridad interior— y la jerarquización legal del Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) bajo criterios de sospecha que la oposición considera excesivamente laxos. Como contrapeso institucional, y a instancias del diputado Eduardo Falcone (MID), se incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento a la que el Ejecutivo deberá rendir cuentas en un plazo máximo de 48 horas.

Blindaje a la “emisión cero” en el Banco Central

El segundo gran eje de la jornada parlamentaria será el tratamiento definitivo de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En la instancia previa de comisiones, el oficialismo no reunió las firmas necesarias para insistir con su redacción original, que exigía una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras para remover a los directores de la entidad. En consecuencia, los diputados oficialistas debieron aceptar las modificaciones introducidas por el Senado, que fijan una mayoría absoluta exclusivamente en la Cámara alta para el nombramiento o destitución de los miembros del directorio.

Pese a ese recorte en las facultades de control de la Cámara baja, el espíritu medular de la iniciativa permanece intacto: consagrar legalmente el principio de “emisión cero” para evitar que futuras administraciones de distinto signo político recurran al financiamiento monetario del déficit. De este modo, el proyecto deroga el esquema de multiplicidad de objetivos instaurado por la ley 26.739 de 2012 y restablece el mandato único de preservar el valor de la moneda.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, fundamenta el texto impulsado por el Ejecutivo.

Con la sanción de la norma quedarán taxativamente prohibidos los adelantos transitorios al Tesoro Nacional, los préstamos a las provincias, la emisión de letras intransferibles, la distribución contable de utilidades como ganancias reales y la compra de títulos públicos en el mercado primario, eliminando además toda facultad del directorio para orientar el crédito hacia sectores productivos específicos.

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