El gobernador bonaerense criticó con dureza al máximo tribunal tras dejar sin efecto una cautelar que frenaba la derogación de los límites a la venta de campos a extranjeros. “Lo que no pudieron conseguir en el Congreso pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, lanzó
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, repudió este miércoles de forma enérgica la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó una medida cautelar y reactivó el artículo 154 del DNU 70/2023, el cual elimina las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y firmas extranjeras.
A través de una publicación en la red social X titulada “el fallo de la infamia”, el mandatario provincial sostuvo que la resolución judicial representa una embestida contra los intereses del país. “La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, manifestó Kicillof al respecto.
En su descargo, el jefe del Estado bonaerense evocó las manifestaciones de agosto pasado frente al Congreso cuando la Casa Rosada intentó impulsar la denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, iniciativa que finalmente fue retirada por la falta de aval parlamentario en el Senado. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”, fustigó.
Asimismo, Kicillof apuntó de lleno contra el relato de la gestión nacional. “Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’. Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”, sentenció el gobernador, concluyendo su mensaje con la consigna “¡Argentina para los argentinos!”.
La cautelar que mantenía suspendida la derogación de la Ley de Tierras había sido presentada originalmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Sin embargo, el máximo tribunal desestimó la legitimación del grupo de veteranos para promover una acción colectiva de inconstitucionalidad, destrabando así la vigencia de la desregulación contemplada en el DNU oficial.
(Con información de Agencia DIB)