A través de la Agencia Nacional de Discapacidad, la gestión nacional confirmó la baja del beneficio para 21.821 titulares tras dar por concluidas las auditorías. Quienes se hayan visto afectados dispondrán de un plazo de 30 días hábiles para presentar la documentación respaldatoria y solicitar la revisión de sus casos
Mientras en el Congreso de la Nación avanzan las discusiones para prorrogar la emergencia en materia de discapacidad, el Poder Ejecutivo nacional profundizó el esquema de auditorías y recortes sobre el sector. A través de la Resolución 3695/26 de la Agencia Nacional de Discapacidad, las autoridades oficializaron la suspensión de 21.821 pensiones no contributivas por invalidez laboral, medida que consolida la interrupción del cobro que, en la mayoría de las situaciones, se mantenía en carácter preventivo desde el año anterior.
¿Qué dijo el vocero presidencial?
Durante su habitual rueda de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, fundamentó la determinación al señalar que las prestaciones dadas de baja corresponden a titulares que registraban “bienes de elevado valor patrimonial” o inconsistencias en los expedientes de tramitación original. Sin embargo, el portavoz aclaró que suspender los beneficios “no implica determinar que los titulares no presentan una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas”.
Frente al impacto de la medida, el esquema oficial contempla una ventana de reclamo. En este sentido, Ravier precisó: “Las personas alcanzadas contarán con un plazo de 30 días hábiles administrativos para presentar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías o aportar los antecedentes necesarios para revisar su situación”. Asimismo, el funcionario garantizó que “quien cumpla los requisitos va a seguir cobrando”.