La reciente publicación del Coeficiente Único de Distribución (CUD) para 2026 vuelve a dejar en evidencia una realidad incómoda para muchos municipios del interior bonaerense. En el caso de Veinticinco de Mayo, el coeficiente caerá un 1% respecto de 2025, reduciendo su participación en la distribución automática de fondos provinciales.
(Editorial) La baja no es menor ni abstracta. Detrás de ese porcentaje hay decisiones de política pública y un sistema de cálculo que, una vez más, impacta con mayor fuerza en el área más sensible: la salud. Según los datos oficiales, el componente sanitario del CUD del distrito registra una retracción del 4,24%, explicada por la caída de indicadores como egresos, pacientes día y valor producido.
El dato resulta especialmente llamativo si se considera que Veinticinco de Mayo sostiene una estructura sanitaria amplia y costosa: tres hospitales, seis unidades sanitarias y seis CPAS distribuidos en el territorio. Lejos de ser un sistema reducido, se trata de una red que absorbe una alta demanda y cumple funciones que muchas veces exceden las competencias estrictamente municipales.
A esto se suma un factor que profundiza el problema: la deuda que mantiene IOMA con los municipios. La demora en los pagos y el desfasaje financiero obligan a las comunas a cubrir con recursos propios prestaciones que deberían ser compensadas, tensionando aún más los presupuestos locales.
Paradójicamente, mientras algunos indicadores operativos muestran un fuerte aumento —como el crecimiento de más del 100% en las consultas—, el esquema de coparticipación penaliza al distrito en términos relativos. El sistema, de suma cero, redistribuye sin contemplar plenamente el esfuerzo financiero que implica sostener servicios esenciales en contextos de creciente demanda.
La discusión de fondo vuelve a ser la misma: cómo se financia la salud pública en la provincia y hasta qué punto el esquema de coparticipación refleja la realidad de los municipios que ponen el cuerpo para garantizarla. Mientras tanto, Veinticinco de Mayo deberá enfrentar 2026 con menos recursos y mayores responsabilidades, una ecuación que, lejos de cerrarse, exige una revisión urgente.