Tras una denuncia presentada por el bloque Juntos UCR–CC, avanza una causa por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento. El expediente involucra al intendente y podría derivar en sanciones penales y civiles.
La Justicia Federal avanza en una causa por contaminación ambiental en Bolívar que involucra al intendente Marcos Pisano, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y daño ambiental. La investigación se originó tras una denuncia del bloque Juntos UCR–CC, que advierte sobre una grave situación sanitaria y ecológica que afecta no sólo al distrito, sino también al Canal A, al Arroyo Vallimanca y a la Cuenca Vallimanca–Saladillo, que alcanza a los partidos de General Alvear, Saladillo, 25 de Mayo y Roque Pérez.
El bloque opositor brindó este miércoles una conferencia de prensa para informar los avances del proceso judicial, que investiga la falta de funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, inactiva desde hace más de tres años según informes oficiales.
La denuncia fue presentada el 6 de mayo por el concejal Luciano Carballo Laveglia, acompañada de análisis bacteriológicos que evidencian niveles de Escherichia coli y coliformes hasta 24 veces superiores a los permitidos por la Ley 11.820.
“La irresponsabilidad del intendente Pisano ha sido tremenda en estos últimos años y hoy Bolívar no tiene cloacas. La denuncia fue hecha ante una Fiscalía Federal, y en apenas cinco meses la Justicia avanzó de forma contundente”, señaló Carballo Laveglia.
Durante la investigación intervinieron la Policía Federal Argentina y la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires, que realizaron pruebas tanto en la planta como en distintos puntos del sistema de desagüe. Ambos organismos coincidieron en que la planta no trata los residuos y los efluentes se vierten directamente al Canal A sin tratamiento previo.
“El fiscal determinó que Bolívar no tiene planta de cloacas y presentó una denuncia penal contra el intendente por contaminación ambiental. No sólo afecta a Bolívar, sino a toda la cuenca. Es una desidia tremenda que lleva más de tres años”, agregó el edil.
La causa, impulsada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), fue elevada al Juzgado Federal de Pehuajó, donde tramita bajo el expediente FLP 41085/25. El informe judicial, de más de 60 páginas, contempla posibles sanciones penales y civiles, entre ellas multas, prisión, inhabilitación y la obligación de reparar la planta.
La concejal María Emilia Palomino subrayó la gravedad del cuadro sanitario y laboral que enfrentan los empleados municipales.
“No sólo hablamos de contaminación ambiental: los empleados de Obras Sanitarias trabajan en condiciones inhumanas, sin protección y expuestos directamente a materia fecal sin tratamiento. Muchos nos dicen que están enfermos todo el tiempo. Es urgente que el sindicato intervenga y los defienda”, expresó.
Palomino también advirtió que, en caso de comprobarse la responsabilidad del intendente, las multas recaerían sobre el municipio, afectando los fondos públicos.
“La denuncia es contra el intendente Marcos Pisano. El fiscal considera que los delitos ambientales cometidos afectan a toda la cuenca. Esto no se puede tomar livianamente: estamos hablando de un riesgo sanitario y productivo que compromete a toda la región”, enfatizó.
Por último, Carballo Laveglia adelantó que la próxima semana mantendrá una reunión con el juez federal de Pehuajó, Dr. Andrés Heim, para seguir de cerca el avance del expediente. Desde el bloque opositor remarcaron que el proceso marca un precedente histórico en Bolívar, señalando directamente la responsabilidad política del intendente:
“Durante años Pisano miró para otro lado mientras se contaminaba el agua de toda la comunidad. Hoy la Justicia lo investiga y los vecinos merecen saber la verdad.”