Sostiene que no hay perjuicio para los jubilados y que los organismos públicos obtendrán ganancias.
El 22 de marzo de 2023, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció que los organismos públicos, como la ANSES, debían canjear sus bonos en dólares. La medida buscaba calmar el mercado de dólares financieros (CCL y MEP) y bajar la deuda pública en unos USD 4.000 millones. Ante las críticas que surgieron, Massa le pidió una auditoría a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para corroborar que no se perjudican los entes alcanzados.
Menos de un mes después, la Facultad de Ciencias Económicas culminó su estudio y emitió un dictamen que ya ingresó al Palacio de Hacienda. La auditoría fue realizada por los especialistas en finanzas y mercado de capitales Julián Leone y Daniel Miliá quienes fueron seleccionados unánimemente por el consejo directivo de la UBA. El informe técnico lleva la firma de ambos y le pone fin a esta polémica.
Según Leone y Miliá, tanto la venta como el canje de títulos públicos no implicaría una pérdida patrimonial para los organismos públicos alcanzados. Por el contrario, ambas operaciones suponen revalorizaciones patrimoniales al momento de realización. Particularmente, los bonos que deberá canjear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) no tendrán “ningún impacto directo” en las jubilaciones.
En el caso de la venta de títulos ley argentina (Bonares), la ganancia patrimonial es de casi +46% producto de la venta y posterior suscripción del bono dual 2036 por el 70% del producido. Complementariamente, los organismos reciben el 30% restante en efectivo.
El canje de los bonos globales implica una revalorización promedio de las carteras de los organismos públicos en torno al +104% promedio. “Si bien esta valorización se reduce si tomamos precios de mercado potenciales de los títulos a canjear, el resultado sigue siendo positivo para los organismos alcanzados por esta medida (+23,4%)”, explicaron.
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