Tras una sesión marcada por fuertes cruces técnicos y políticos, el Concejo Deliberante de 25 de Mayo resolvió devolver a comisión el expediente que preveía la contratación de un abogado particular para representar al cuerpo en la Justicia. La decisión, según consignó el diario La Mañana, apunta a abrir un paréntesis para intentar un consenso extrajudicial que desactive el conflicto con el Ejecutivo de Ramiro Egüen.
La disputa gira en torno a la comisión investigadora conformada por los decretos del Intendente. El nudo del debate se centra en quién debe ejercer la defensa del HCD: la oposición reclama un profesional independiente, mientras que el oficialismo sostiene que esa tarea corresponde a las áreas legales del Municipio para evitar gastos adicionales.
Cruces por la “imparcialidad” y costos extras
Desde La Libertad Avanza (LLA), la concejal Verónica Cortés defendió la necesidad de una representación externa, bajo el argumento de que la Asesoría Letrada municipal no garantiza imparcialidad por ser “parte del gobierno que demanda”.
La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. Mercedes Squillaci (Acción Ciudadana) advirtió sobre un posible conflicto de intereses respecto al letrado propuesto y exigió que cualquier designación de este tipo cuente con una mayoría agravada de dos tercios. En sintonía, Guillermo Lance (UCR) y Francisco Recalt (Acción Ciudadana) rechazaron la judicialización de la política y pidieron resolver las diferencias dentro del ámbito legislativo.
Chicanas y posturas opositoras
La sesión incluyó acusaciones sobre presuntos acuerdos entre los libertarios y el peronismo. La concejal Jorgelina Herrera fue la primera en solicitar el retorno del proyecto a comisión para frenar un conflicto “que terminan pagando todos los vecinos”.
Por su parte, desde el interbloque peronista, Ana Paula Panaccio calificó como “una locura” que el Intendente demande al propio Concejo. En contrapartida, los ediles de LLA, José Luis Guarch y Dino Caronello, insistieron en que la comisión investigadora no busca la destitución, sino garantizar la transparencia y el control de las cuentas públicas tras observaciones del Tribunal de Cuentas.
Con el regreso del expediente a la Comisión de Reglamento, las fuerzas políticas locales apuestan ahora a una tregua que devuelva la discusión al terreno estrictamente institucional.
Fuente y foto: Andrés Álvarez/ La Mañana