El procesamiento del exdiputado por presunto lavado de dinero sacude la estantería de La Libertad Avanza. El fantasma de “Fred” Machado, los autos de lujo y una paradoja previsional que desnuda las tensiones entre el discurso y la realidad
Por Leo Baldo
Para comprender la encrucijada que atraviesa hoy la política argentina, a veces es necesario abandonar las grandes proclamas ideológicas y sumergirse en la aridez de los expedientes judiciales. El universo libertario, tan afecto a las narrativas de pureza angelical frente a la corrupción de “la casta”, acaba de recibir un impacto en su línea de flotación. La noticia no proviene esta vez de una rosca legislativa ni de una declaración rimbombante en redes sociales, sino del Juzgado Federal de San Isidro. El juez Lino Mirabelli procesó a José Luis Espert por presunto lavado de activos, dictándole la prohibición de salir del país y un embargo de proporciones astronómicas: 1.000 millones de pesos.
La resolución judicial se hamaca sobre una sospecha incómoda que arrastra al economista desde sus inicios proselitistas. La lupa está puesta sobre una transferencia de 200.000 dólares recibida en 2020 y triangulada a través de cuentas en el Morgan Stanley. El remitente de los fondos es el nudo gordiano de la trama: Federico “Fred” Machado, un empresario aeronáutico detenido en Texas y condenado en los Estados Unidos por fraude y blanqueo de fondos.
La defensa del exdiputado —que en su momento debió declinar sus aspiraciones electorales en la provincia de Buenos Aires por este mismo escándalo— se hamaca en la existencia de un contrato de asesoría con una minera guatemalteca. “El que lava esconde su nombre; yo lo puse en cada papel”, argumentó Espert con su habitual vehemencia. Sin embargo, la lógica del fiscal Fernando Domínguez camina por otro carril: para la justicia, aquel contrato fue una sofisticada simulación. Los informes fiscales de Guatemala revelaron que la minera era poco más que un cascarón vacío y, para colmo de males documentales, no constan registros de que el economista haya pisado suelo guatemalteco para prestar servicio alguno. Según la tesis judicial, los dólares habrían completado el manual clásico del blanqueo: colocación, estratificación y una posterior integración en bienes tangibles, que en este caso adoptaron la forma de un BMW, un Lexus de 130.000 dólares y un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.
De la épica privada a la mínima estatal
La peripecia judicial de Espert conecta de manera subterránea con otro episodio reciente que, aunque pertenece al ámbito de la anécdota administrativa, posee una densidad simbólica insoslayable. Semanas atrás, el exabanderado del libre mercado se apersonó en una oficina de la ANSES para iniciar sus trámites jubilatorios. La sorpresa —o acaso la confirmación de un secreto a voces— fue mayúscula: el sistema previsional solo le detectó cinco años de aportes registrados, de los cuales cuatro corresponden estrictamente a su paso por la Cámara de Diputados.
Hay allí una ironía imperdible. El hombre que edificó su prestigio profesional pontificando sobre los rigores del sector privado, la evasión asfixiante del Estado y la necesidad de una disciplina fiscal inquebrantable, descubrió que ante los ojos del fisco su propia trayectoria privada carecía de la consistencia necesaria. Para acceder al beneficio, deberá acogerse a una moratoria previsional (la Unidad de Pago de Deuda Previsional) y terminará percibiendo la jubilación mínima. Es la consagración de una paradoja: el cruzado anti-Estado jubilándose gracias a los parches diseñados por el propio Estado.
El costo del silencio oficial
En los pasillos de Balcarce 50, el procesamiento de Espert genera un frío que ningún aire acondicionado puede disimular. El presidente Javier Milei intentó en su momento encapsular el asunto bajo la etiqueta de una “campaña sucia”, argumentando que su socio político simplemente “no respondió de la manera correcta”. Pero la política, como la física, aborrece el vacío. Retirar a Espert de la centralidad legislativa y de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda fue una sutura de emergencia, pero el procesamiento reactiva el debate sobre el financiamiento de la nueva política.
El dilema que enfrenta el oficialismo es de naturaleza ética y estética. ¿Cómo sostener el discurso de la intransigencia moral frente al pasado si las figuras clave del armado propio quedan atrapadas en la telaraña de investigaciones por lavado de dinero transnacional? Para colmo del escarnio público, las redes sociales amplifican el golpe con la acidez habitual del ecosistema digital. Es allí donde el analista de mercados y “forista” Carlos Maslatón en su cuenta de X instaló un bautismo implacable que ya se volvió un clásico del folklore tuitero: “Calaca Roja”. Bajo ese mote, Maslatón insiste en que el economista nunca buscó el poder o la ideología liberal, sino “levantarla en pala” y usar la política meramente con fines de recaudación.
El “teorema de Espert” demuestra que el tránsito desde el púlpito del rigor técnico hacia el barro de la financiación partidaria suele ser un camino plagado de banquinas peligrosas. Hoy, con los bienes embargados y las alas recortadas por una prohibición de salida del país, el apodado “Calaca” por sus detractores digitales constata que los tribunales de San Isidro suelen ser bastante más severos que los paneles de la televisión.