El Gobierno bonaerense apeló la cautelar que frenaba las subas energéticas, argumentando que se rigen por un esquema de transición desde 2021. La Cámara de Mar del Plata suspendió provisoriamente el freno judicial, mientras la Provincia prepara una audiencia pública para diciembre
Por Leo Baldo
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó su primera explicación oficial tras apelar la medida cautelar que mantenía frenado el último aumento de la luz. Desde la Subsecretaría de Energía provincial defendieron el mecanismo de actualización tarifaria aplicado y cuestionaron la postura de la Defensoría del Pueblo, que lidera Guido Lorenzino. Para el Poder Ejecutivo, el organismo de control exige la realización de una audiencia pública sin sopesar las reglas del procedimiento vigente.
La controversia sumó un vuelco clave en los últimos días. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata concedió efecto suspensivo al recurso de apelación interpuesto por la Provincia. De esta manera, la cautelar que obligaba a retrotraer las tarifas quedó provisoriamente sin efecto, permitiendo que las empresas distribuidoras continúen aplicando los cuadros tarifarios con aumento mientras la Justicia resuelve la discusión de fondo.
Los tres argumentos centrales del Gobierno bonaerense
La justificación técnica de la administración provincial para sostener los incrementos y rechazar la suspensión judicial se apoya en tres ejes:
Régimen de transición por emergencia: La Subsecretaría de Energía aclaró que los ajustes sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) —único componente que regula Buenos Aires— forman parte de una etapa de transición iniciada en 2021 bajo un contexto de emergencia. Al no tratarse de una Revisión Tarifaria Integral (RTI) nueva, aseguran que las actualizaciones se encuadran legítimamente en reglas específicas que no requerían la instancia de participación previa que reclama la Defensoría.
El impacto de las decisiones nacionales: Las autoridades provinciales recalcaron que la factura final combina el VAD provincial con el costo de la energía, la potencia y el transporte, los cuales están regulados por el Gobierno nacional y representan alrededor del 40% del monto total. Desde La Plata cuestionaron que la Defensoría apunte exclusivamente contra el componente bonaerense y omita las subas nacionales, cuya traslación a las boletas es obligatoria y automática.
Riesgo operativo y financiero: El dictamen oficial advierte que congelar de forma aislada el VAD genera severas dificultades para procesar las liquidaciones, dado que ambos componentes integran una sola estructura de facturación. Asimismo, señalaron que mantener interrumpido el flujo de ingresos compromete directamente la capacidad operativa de las distribuidoras eléctricas para mantener las redes y garantizar las inversiones del servicio.
Convocatoria a audiencia pública
En paralelo al frente judicial, el Gobierno bonaerense confirmó que prevé convocar a una audiencia pública para mediados de diciembre. La instancia se desarrollará en el marco del tramo final de la Revisión Tarifaria Integral.
Se tratará de la primera audiencia de carácter integral desde diciembre de 2016, ya que todos los ajustes posteriores se ejecutaron mediante los mecanismos transitorios que hoy se encuentran bajo revisión en los tribunales bonaerenses. La decisión final de la Cámara marplatense será determinante para fijar bajo qué pautas continuará el esquema energético en la provincia.