En una jornada legislativa centrada en el destino de los inmuebles públicos, el oficialismo consiguió convalidar el veto del intendente Ramiro Egüen para sostener el edificio de 39 y 102 como residencia estudiantil. Asimismo, el cuerpo legislativo respaldó por unanimidad la informatización del esquema sanitario local y ratificó nuevos convenios de nivel universitario
El Concejo Deliberante de 25 de Mayo desarrolló este lunes por la noche una nueva sesión ordinaria que resolvió la controversia en torno a la Ordenanza N° 3621/2025. El bloque oficialista reunió los sufragios indispensables para ratificar el veto del intendente Ramiro Egüen. De este modo, la estructura emplazada en la intersección de las calles 39 y 102 mantendrá su función actual de albergue para alumnos de las localidades del interior del partido, lo que dejó sin efecto el proyecto sancionado el año pasado que pretendía afectar ese espacio de forma exclusiva a la atención de personas con discapacidad.
Según reportó el Diario La Mañana, la bancada gubernamental obtuvo la mayoría agravada necesaria tras la incorporación del voto de la concejal Verónica Cortés (La Libertad Avanza). En el transcurso de la discusión, los ediles oficialistas Mercedes Squillaci, Guillermo Lance y Jorgelina Herrera manifestaron que el Municipio recibió el inmueble en estado de abandono, con apenas una tercera parte de su construcción. Añadieron que las rigurosas exigencias de la Provincia para la habilitación de un centro asistencial específico —el cual requiere plantel especializado y guardias de 24 horas— imposibilitaban una apertura inmediata. Por tal motivo, el Ejecutivo resolvió dar una solución habitacional a los estudiantes del distrito. Desde la perspectiva jurídica, remarcaron que la administración y el uso de las propiedades públicas constituyen atribuciones exclusivas del jefe comunal bajo los lineamientos de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
En la vereda opuesta, el interbloque peronista y los concejales libertarios José Luis Guarch y Dino Caronello rechazaron la determinación del mandatario local de manera conjunta. La minoría hizo hincapié en la alteración del propósito de una obra cuyos recursos financieros originarios poseían asignación específica para el área de discapacidad. La concejal Yamila Galdós Carrizo (PJ) catalogó la medida como una acción de carácter electoral, al tiempo que los legisladores Fernando Herraiz, Ana Paula Panaccio y José María Gregorini advirtieron que la modificación de la utilidad edilicia desampara las demandas de un sector vulnerable.
Modernización de la salud y nuevos acuerdos educativos
Más allá de la disputa por el establecimiento, los representantes comunitarios avalaron de forma unánime la creación del Sistema Municipal Unificado de Información Sanitaria. La normativa, bajo el impulso de los bloques de La Libertad Avanza, dispone la carga digital obligatoria de las estadísticas médicas del partido. Esta red común conectará las bases del Hospital Unzué en la ciudad cabecera, el Hospital San Roque de Norberto de la Riestra, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), las salas sanitarias y los sectores de diagnóstico y farmacia.
Por último, el Concejo Deliberante refrendó dos propuestas orientadas a la franja juvenil. En primera instancia, cobró vigencia el acuerdo suscrito entre la Municipalidad y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), cuyo fin radica en incorporar nuevas carreras y tecnicaturas en el Centro Regional Universitario Veinticinqueño (CRUV) y sumar asesoramiento académico destinado al diseño de políticas locales. En segundo orden, se aprobó la conformación del Observatorio Municipal de Juventudes (OMJ), una iniciativa del peronismo que proveerá un ámbito de participación para ciudadanos de entre 15 y 25 años.