Un informe de InfoGEI expone el crítico escenario del sector industrial argentino tras dos años y medio de gestión del gobierno nacional. Entre la pérdida masiva de empleo registrado, el cierre sistemático de fábricas y un sesgo oficial que promueve la desregulación y el desmonte de organismos técnicos, el aparato productivo exhibe uno de los retrocesos más pronunciados a escala internacional
La actividad manufacturera nacional —motor que aporta cerca del 18% del Producto Interno Bruto y sostiene 2,5 millones de puestos directos— atraviesa un deterioro severo. Durante la administración de Javier Milei, el Índice de Producción Industrial (IPI) del primer semestre de 2026 registró una contracción del 2,2% en comparación con el mismo lapso del año previo. Si se analiza el promedio general del ciclo actual, el volumen de fabricación se ubica un 10,2% por debajo de los niveles heredados del período previo.
La crisis operativa queda al desnudo al revisar la Utilización de la Capacidad Instalada: en junio alcanzó apenas un 59,1%. En términos concretos, cuatro de cada diez máquinas permanecen inactivas en los talleres, con desplomes que sobrepasan el 30% en rubros estratégicos como la metalmecánica y los insumos minerales no metálicos.
En el plano laboral y empresarial, el costo social resulta alarmante. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se destruyeron 97.312 empleos registrados en el segmento industrial (-8,0%) y bajaron sus persianas de forma definitiva 4.020 establecimientos fabriles (-8,1%). Esta dinámica coloca a la Argentina en el podio de la contracción global: con un retroceso del 7,9% entre 2023 y 2025, el país firmó el segundo peor desempeño sobre un universo de 56 economías evaluadas, únicamente superado por Hungría.
A la par de la parálisis local, el mercado interno sufrió un alud de bienes finales importados. Durante los primeros seis meses de 2026, el ingreso de artículos de consumo alcanzó la marca histórica de USD 5.362 millones. Este salto extraordinario estuvo impulsado por fuertes incrementos en electrodomésticos (+109,2%), indumentaria (+86,3%), motovehículos y bicicletas (+67,6%), alimentos (+51,9%) y especialidades medicinales (+27,0%), rubros que representaron casi la mitad de las compras terminadas en el exterior.
El cuadro de situación se agrava por el sesgo antiindustrial de las medidas económicas vigentes. El tarifazo en luz y gas, la anulación de la Ley de Compre Nacional y del programa PRODEPRO, el quite de aranceles de importación, las modificaciones al esquema antidumping y la eliminación de las líneas de crédito subsidiadas para pymes sepultaron la competitividad interna. A esto se suma el desmantelamiento institucional: la disolución de la Secretaría PyME y el fuerte ajuste presupuestario sobre entidades técnicas indispensables como el INTI (-49,9%), el INTA (-21,4%) y la Secretaría de Industria (-77,3%) dejaron al entramado productivo sin herramientas de asistencia ni proyección estratégica.