A once años de la primera movilización histórica, el colectivo “Ni Una Menos” marchó en todo el país con epicentro frente al Congreso Nacional. La jornada estuvo marcada por el reclamo ante tres femicidios recientes y un duro documento oficial que denunció la eliminación de las políticas públicas de prevención, el accionar judicial y proyectos legislativos como el de “falsas denuncias”. A su vez, se presentaron las estadísticas del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, las cuales registran 3.205 víctimas letales desde 2015, con un promedio de un crimen cada 31 horas en la Argentina
El colectivo “Ni Una Menos” se movilizó este miércoles en todo el país, con su epicentro frente al Congreso Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. La jornada contó con convocatorias multitudinarias en distintos puntos del territorio, como en la ciudad de Córdoba, una comunidad especialmente conmovida por el reciente femicidio de Agostina Vega, y en La Plata, donde se consolidó la marcha más convocante desde que se conmemora esta fecha.
En esta oportunidad, las consignas centrales del reclamo fueron “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” y “Justicia por Dulce y Agostina”, en clara referencia a los crímenes de la adolescente cordobesa de 14 años y de la joven misionera de 17 años, Dulce Candia.
El documento oficial y los reclamos al Estado
Durante el acto central se leyó un documento que ratificó la permanencia de los feminismos en las calles a once años de la primera movilización histórica. El texto apuntó de forma directa contra la gestión del presidente Javier Milei, a la que definió como un “antifeminismo de Estado” debido al vaciamiento y la eliminación de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender y erradicar las violencias de género, una situación que las organizaciones hicieron extensiva a la mayoría de los gobiernos provinciales.
Asimismo, el pronunciamiento repudió las declaraciones de la ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva, quien calificó el crimen de Agostina Vega como un “homicidio”. Según manifestaron desde el colectivo, esta decisión discursiva busca negar la existencia de una desigualdad estructural de género y profundiza la impunidad.
Respecto de las responsabilidades institucionales, se exigió la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, bajo el argumento de que existió una desidia organizada por parte del Poder Judicial que desprotegió a la menor.
La plataforma de demandas abarcó diversos frentes políticos, judiciales y sociales:
- Rechazo a proyectos legislativos: Las organizaciones se manifestaron en contra del proyecto sobre supuestas “falsas denuncias” impulsado por la senadora santafesina Carolina Losada, al sostener que la iniciativa busca blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian.
- Defensa de derechos vigentes: Se rechazó el intento de eliminar la Educación Sexual Integral (ESI) y se exigió la plena implementación de la Ley de Aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, junto con el acceso a insumos como misoprostol, mifepristona y anticonceptivos.
- Justicia por crímenes de odio: El colectivo demandó una condena histórica para Justo Fernando Barrientos y exigió que el tribunal reconozca como un “lesbicidio” el triple crimen de Barracas, donde fueron asesinadas Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y que dejó a Sofía Castro Riglos como única sobreviviente.
- Búsquedas y casos provinciales: Se reclamó por la aparición de Camila Maidana (desaparecida en Comodoro Rivadavia) y de Delicia Mamani (desaparecida en Córdoba hace seis meses), así como por justicia para Mariel Jiménez de Villa Lugano, la restitución del hijo de Alexandra Sabio en Neuquén y el cese de las vinculaciones forzadas en el caso de la niña Arcoiris en La Rioja.
Las cifras del horror: un femicidio cada 31 horas
El marco estadístico de la movilización estuvo respaldado por el informe presentado por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, en colaboración con la Universidad Nacional del Delta. El estudio expuso la persistencia de la violencia letal en el país a lo largo de la última década.
Entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026, el registro oficial contabilizó al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en la Argentina. Esta cifra total se desglosa en 3.144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios, y 15 casos de instigación al suicidio. Los datos arrojan una media nacional de un femicidio cada 31 horas durante los últimos once años.
A este panorama se sumó el reporte de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMALa), el cual advirtió que la tasa de intentos de femicidio duplica la cantidad de los crímenes efectivamente perpetrados en el territorio nacional.