El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Gobierno Nacional y ratificó la medida judicial que obliga a otorgar actualizaciones salariales retroactivas al personal docente y no docente, convocar a paritarias e incrementar las becas estudiantiles según lo sancionado por el Congreso
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno Nacional y dejó firme la medida cautelar que ordena otorgar un aumento salarial al personal docente y no docente de las universidades nacionales. La resolución judicial también dispone la convocatoria a paritarias e incrementar los fondos destinados a las becas contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025.
El máximo tribunal desestimó la impugnación del Poder Ejecutivo al considerar que no estaba dirigida contra una sentencia definitiva. Asimismo, rechazó el planteo oficial que solicitaba el apartamiento de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti por su condición de docentes universitarios. Con esta decisión, quedó firme el fallo previo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que ratificaba la medida dictada en primera instancia por el juez Diego Cormick ante una acción promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La resolución obliga al cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la legislación aprobada por el Congreso, los cuales prevén actualizaciones salariales retroactivas desde diciembre de 2023 hasta la actualidad y una suba de las Becas Progresar. Tras conocerse el fallo, los gremios del sector adelantaron que reclamarán una recomposición salarial del 32,5% para lograr la plena aplicación de la ley.
Por su parte, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, expresó a través de la red social X que el tribunal reafirmó la obligatoriedad de cumplir con la norma, destacando la movilización social en defensa de la universidad pública.
La vía judicial se había iniciado luego de que el presidente Javier Milei vetara la ley en 2025 y, tras la posterior insistencia del Congreso, la promulgara mediante un decreto en el cual sostenía que no podía ejecutarla por falta de partidas presupuestarias específicas.
A pesar del fallo, se mantienen diferencias con el acuerdo alcanzado el pasado 10 de junio entre el Ejecutivo y los rectores. Dicho entendimiento contempla un incremento salarial menor, del 24,33% distribuido entre junio (21,33%) y octubre (3%), que cubre la inflación de 2025 y los primeros meses de 2026, junto con un 7% adicional por la pérdida de poder adquisitivo de 2024. Además, el acta firmada establece una suba del 20% para gastos de funcionamiento y un aumento del 50% exclusivo para las Becas Manuel Belgrano —cuyos montos estaban fijados en $81.685 desde 2024—, sin incorporar previsiones sobre las Becas Progresar.