Un informe de ACIJ revela que la inversión por estudiante cayó a su nivel más bajo en dos décadas. Mientras la Ley de Financiamiento permanece en un limbo judicial, el debate se traslada a la prioridad del gasto: el Estado dejó de recaudar por Bienes Personales lo mismo que costaría salvar a las universidades
La educación superior en Argentina no solo enfrenta un problema de caja; atraviesa una crisis de legitimidad institucional. El reciente informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) pone de manifiesto que la Ley 27.795, promulgada en octubre de 2025, se ha convertido en el epicentro de una disputa de poderes que afecta directamente el funcionamiento de las aulas y la vida de miles de docentes.
El impacto real de la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario
Pese a que el Poder Ejecutivo vetó la norma, el Congreso logró la insistencia legislativa, reafirmando su validez. Sin embargo, la suspensión de su aplicación por parte de la administración central derivó en una batalla en los tribunales. El informe subraya que la voluntad parlamentaria fue clara y que “todo intento de retardar la aplicación de una ley debe ser mirado con un alto nivel de sospecha”, especialmente cuando proviene del órgano máximo de la soberanía popular.
La Justicia Federal dictó inicialmente una medida cautelar para obligar al pago de haberes, basándose en que el deterioro salarial de los trabajadores universitarios constituye “una afectación al derecho de enseñar y aprender consagrado en el art. 14 de la Constitución Nacional”. Actualmente, el destino de los salarios de bolsillo de miles de profesionales depende de una resolución de la Corte Suprema.
¿Qué dice el informe de ACIJ sobre el presupuesto 2026?
El argumento oficial para no ejecutar la ley se basa en la falta de previsión presupuestaria y la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. No obstante, el análisis técnico de ACIJ introduce un contrapunto demoledor: la escasez de fondos no es un fenómeno natural, sino una consecuencia de decisiones tributarias recientes.
El documento señala que los argumentos de escasez deben examinarse con cuidado si esa situación “fue creada en parte por acciones anteriores recientes del propio Poder Ejecutivo”. En concreto, la flexibilización del impuesto a los Bienes Personales privó al Estado de recursos que cubren con creces el costo del financiamiento universitario. Mientras la ley requiere entre $2,5 y $3,6 billones, la reforma impositiva significó una pérdida de recaudación de $5 billones.
La caída del salario docente y la inversión por estudiante
Las estadísticas que arroja el informe describen un sistema al límite de sus posibilidades. La caída de la inversión educativa real entre 2023 y 2025 fue del 29%, lo que generó un efecto dominó sobre la calidad académica:
El piso histórico: El presupuesto por estudiante se desplomó a $2,4 millones, la cifra más baja registrada desde 2004.
Precarización salarial: El sueldo de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva perdió un cuarto de su valor real en solo tres años.
Deserción y ciencia: La falta de actualización de becas y fondos para investigación pone en riesgo la permanencia de los alumnos y la producción de conocimiento soberano.
Como conclusión, el informe es tajante al exigir coherencia: el Estado debe hablar con una “voz coherente a sus ciudadanos”, garantizando que las leyes sancionadas se traduzcan en políticas públicas efectivas. La sostenibilidad del sistema universitario no es solo una cuestión de números, sino el cimiento sobre el cual se construye el desarrollo del país.