El Ministerio de Infraestructura bonaerense oficializó una medida que permite normalizar obras hídricas no autorizadas en diferentes distritos, entre los que figura 25 de Mayo. El plan consta de tres etapas y otorga a los municipios el control y el mantenimiento de estas infraestructuras rurales
La cartera de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense dio luz verde a un plan específico con el propósito de normalizar las construcciones hídricas sin aval previo, denominadas habitualmente como canales irregulares, en el ámbito de la Cuenca del Río Salado. Esta medida quedó cristalizada mediante la Resolución N° 661/2026, oficializada recientemente en el órgano de difusión gubernamental. La fase inicial engloba a los entes de las subregiones A2, A3 y B3, donde se encuentran abarcados múltiples partidos correspondientes a la Séptima Sección electoral.
En el interior de la zona B3, ligada a la red Salado-Vallimanca-Las Flores, aparecen nucleados una importante cantidad de distritos de la séptima sección, tales como Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo.
Las demás comunas que componen este esquema durante su tramo inaugural (secciones A2 y A3) pertenecen en su mayoría a la Cuarta Sección. Allí figuran Junín, Lincoln, Bragado, 9 de Julio, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Tejedor, General Villegas, Florentino Ameghino, General Viamonte, Daireaux y Carlos Casares; con la particularidad de que algunos de ellos participan en más de un área al mismo tiempo.
El documento normativo detalla que la zona carece de un sistema de escurrimiento natural con un desarrollo total. Ante este panorama, y a causa de repetidas crisis por inundaciones, se trazó de manera progresiva una malla de desagüe artificial. Los canales primarios recayeron bajo la órbita del Estado provincial, pero los conductos secundarios y terciarios, que sirven como complemento, resultaron ejecutados por las propias comunas y por actores del sector rural. Muchas de estas labores se concretaron sin las autorizaciones pertinentes que demanda el Código de Aguas (Ley N° 12.257).
Dicho escenario provocó, conforme al texto oficial, múltiples obstáculos para la administración y el sostenimiento, a lo que se sumaron disputas entre los trabajadores del campo y las poblaciones vecinales a raíz del control de los caudales sobrantes.
La iniciativa instaura un mecanismo dividido en tres etapas sucesivas. Durante el primer paso, la administración local eleva un escrito al ente de cuenca pertinente, el cual tiene la tarea de avalar la inclusión de la estructura al plan. En el segundo escalón, se entrega el material técnico a la Autoridad del Agua, organismo encargado de analizar los datos y emitir, de ser factible, un comprobante de adhesión. Finalmente, el tercer tramo fija las exigencias de documentación en base a si la obra se normaliza intacta o si necesita arreglos, junto a su evaluación y visto bueno definitivo.
En caso de registrarse una acusación formal en curso por una edificación irregular, el proceso sancionatorio entrará en una pausa temporal a la espera de la resolución del trámite de legalización.
Las administraciones municipales tomarán la responsabilidad de llevar a cabo las tareas de adaptación, además de asumir el funcionamiento y la conservación futura. Para ello, tendrán la posibilidad de crear asociaciones mixtas integradas por usuarios de recursos hídricos en conjunto con los favorecidos directos por cada canal.
La urgencia por contar con este formato surgió a partir de los reclamos de los propios distritos en el seno de los espacios de debate durante el año 2025. Como antecedente directo, en el mes de octubre de aquel calendario, localidades como Carlos Casares, 9 de Julio, Bragado, Trenque Lauquen, Lincoln, Las Flores, Roque Pérez, Bolívar y 25 de Mayo sellaron un pacto con la Autoridad del Agua con el fin de detectar y verificar construcciones sin aval en todo el territorio.
La cartera de Infraestructura anticipó que la meta central pasa por extender este mismo modelo hacia las demás zonas del Río Salado y hacia otros sistemas hídricos del suelo bonaerense. La normativa cuenta con la rúbrica formal del ministro del área, Gabriel Katopodis.