A través del Decreto 1358/2026, el Ejecutivo habilitó la transferencia del mantenimiento y la explotación de las rutas 3, 9, 22, 33, 35 y 228, además del acceso A0017, a cambio del cobro de peajes
El Gobierno nacional oficializó la incorporación de nuevos corredores viales a la Red Federal de Concesiones mediante el Decreto 1358/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida alcanza a un total de 27 rutas nacionales distribuidas en 16 provincias y habilita la transferencia de su administración, mantenimiento y explotación a empresas privadas.
En el territorio de la provincia de Buenos Aires, la normativa incluye seis trazas estratégicas para la conectividad del interior y el transporte de cargas: las rutas nacionales 3, 9, 22, 33, 35 y 228, a las que se suma el acceso A0017.
A nivel nacional, además de jurisdicción bonaerense, el alcance del decreto comprende corredores ubicados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz, entre otros distritos.
Plazos administrativos y alcances de la medida
De acuerdo con lo dispuesto en el texto oficial, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte y con el respaldo de informes técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad, será el encargado de delimitar los tramos específicos que pasarán a gestión privada. A partir de esta instancia, el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo máximo de 12 meses para convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales.
El esquema prevé que las firmas adjudicatarias asuman las tareas de conservación, reparación y operación de la infraestructura vial, financiando dichas prestaciones mediante el cobro de peajes.
No obstante, desde el ámbito oficial aclararon que la inclusión de una ruta en el listado no implica la concesión inmediata de la totalidad de su traza ni la instalación automática de estaciones de cobro, dado que los sectores exactos, los cuadros tarifarios y las exigencias de obra quedarán sujetos a la definición de los pliegos licitatorios.
Según los fundamentos de la medida, la iniciativa apunta a optimizar el estado de la red vial, reforzar las condiciones de seguridad en el tránsito y reducir los costos logísticos del transporte sin comprometer el equilibrio fiscal de las cuentas públicas.