Frente al avance del hambre y la falta de insumos, comedores y merenderos de la capital cordobesa atraviesan su momento más crítico: las listas de espera colapsan, las donaciones privadas caen de forma sostenida y las referentes barriales quedan expuestas a situaciones de violencia cuando la comida no alcanza. En un informe especial publicado por la periodista Benita Cuellar en La Voz del Interior, Alejo Ruíz Díaz, director del Banco de Alimentos, advirtió sobre la imposibilidad de contener una demanda que ya afecta a familias enteras y trabajadores
La crisis alimentaria que atraviesa la ciudad de Córdoba muestra su cara más dura en los barrios populares. Un relevamiento firmado, hace un mes, por la periodista Benita Cuellar para el diario La Voz del Interior dio cuenta de un escenario desgarrador: la asistencia estatal y las donaciones privadas resultan insuficientes para cubrir la demanda, mientras quienes están al frente de comedores y merenderos quedan expuestos a agresiones, robos y amenazas cuando se ven obligadas a negar un plato de comida.
El colapso de las raciones y el trabajo del Banco de Alimentos
En este contexto de vulnerabilidad social, la labor de las organizaciones facilitadoras atraviesa severas complicaciones. Alejo Ruíz Díaz, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Córdoba, explicó a La Voz las razones detrás de la caída en el recupero de mercadería, señalando que las empresas han mejorado sus procesos productivos y existen nuevas aplicaciones de rescate de productos con descuento.
“Las empresas mejoraron sus procesos y tienen menos merma y por lo tanto menos productos para donar“, detalló Ruíz Díaz. El directivo remarcó la dimensión del problema al precisar que la fundación asiste actualmente a 481 comedores alcanzando a 55.400 personas, pero mantiene a 80 organizaciones en lista de espera sin posibilidad de incorporarlas: “No hay alimentos en forma sostenida para incorporarlos. La cantidad de beneficiarios aumenta y las organizaciones, al no tener los recursos, no pueden brindarlos a todos los que demandan“.
Hostilidad en territorio y un beneficio municipal insuficiente
El informe expone testimonios de referentes territoriales como Soledad Bustamante (Fundación Ivana), Eliana Martínez (La Botellita), Lizbeth Pinedo (Evaluna) y Stella Iriarte (Ríos de Esperanza), quienes relataron cómo la demanda se extendió a familias enteras y trabajadores asalariados golpeados por la inflación. Las encargadas sostienen que la asignación municipal a través de la Tarjeta Activa de $250.000 mensuales resulta ampliamente insuficiente ante el costo de los insumos.
A la falta de insumos se suma la inseguridad. Espacios comunitarios han sufrido el robo de reguladores de gas y garrafas, obligándolos a suspender la cocina en momentos donde las listas de espera barriales superan las 80 personas por comedor. Asimismo, voces de las organizaciones como Marco Galán (Mutual Carlos Mugica) sintetizaron que la retirada de programas de asistencia nacional y el endeudamiento de los vecinos terminaron por configurar un cuadro social desgarrador en toda la capital provincial.