Por Yamila Galdós Carrizo ()
Ante el debate del Presupuesto 2027 en el Congreso Nacional, la concejal peronista analiza el impacto que los cambios propuestos tendrían sobre la Ley 27.793, las pensiones no contributivas y el financiamiento de las prestaciones en el distrito y el país.
Mientras en la Nación se discute el Presupuesto 2027 entre planillas de Excel y números proyectados, en 25 de Mayo y en cada pueblo del país hay familias que esperan algo mucho más concreto: poder garantizar la continuidad de las terapias, los tratamientos y las prestaciones que necesitan sus seres queridos.
La Ley 27.793 no es un capricho. Fue votada por el Congreso, ratificada después del veto presidencial y establece un marco de protección para las personas con discapacidad y para quienes sostienen diariamente el sistema de prestaciones.
La ley es clara: debe garantizarse el financiamiento de las pensiones y de las prestaciones, sostenerse un sistema de aranceles que permita dar continuidad a los tratamientos y garantizarse que una persona con discapacidad pueda trabajar sin perder automáticamente su protección social.
Hoy, esos derechos vuelven a estar en discusión.
El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar aspectos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre ellos, elimina la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones y establece que el Nomenclador no tendrá valores universales. En la práctica, cada financiador podrá establecer sus propios valores, mientras que para las prestaciones a cargo del Estado se plantea una actualización trimestral.
Esto no es un detalle administrativo. El valor universal de una prestación garantiza que una misma terapia tenga un mismo piso de referencia, independientemente de quién la financie. Cambiar esa lógica puede generar diferencias entre personas que reciben exactamente la misma prestación y poner en riesgo la continuidad de tratamientos.
También preocupa profundamente el cambio propuesto en las pensiones.
La Ley 27.793 estableció que la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social sea compatible con el trabajo formal, siempre que los ingresos no superen el límite establecido. El proyecto de Presupuesto 2027 modifica ese criterio y vuelve a plantear la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal.
Además, se elimina el CUD como vía legal y directa para el acceso a la pensión por discapacidad y se trasladan requisitos centrales al ámbito de la reglamentación. Esto significa, desde mi perspectiva, un retroceso en el reconocimiento de la discapacidad como una condición que requiere protección social y no como una simple situación de invalidez laboral.
Nadie puede estar en contra de que el Estado controle, audite y cuide los recursos públicos. Pero una auditoría no puede convertirse en una excusa para quitar derechos. Y ordenar las cuentas tampoco puede significar que una familia tenga que elegir entre una terapia, un acompañante, una prestación educativa o llegar a fin de mes.
Las organizaciones de familiares, personas con discapacidad y prestadores vienen advirtiendo sobre las consecuencias que pueden tener estos cambios. No están pidiendo privilegios. Están reclamando que se cumpla una ley y que se garantice la continuidad de un sistema del que dependen miles de personas en todo el país.
Desde 25 de Mayo, como concejal, considero necesario decirlo con claridad: la discapacidad no puede ser entendida solamente como un gasto presupuestario. Detrás de cada número hay una persona, una familia y una historia.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a nuestro ordenamiento con jerarquía constitucional, obliga al Estado a proteger derechos y avanzar hacia una sociedad más inclusiva.
No podemos aceptar que la inclusión dependa de cuánto puede pagar cada familia ni que trabajar sea motivo para perder una protección que existe justamente para garantizar derechos.
La discapacidad no es un gasto. Es una responsabilidad colectiva.