Tras la visita a Quito del secretario de Estado Marco Rubio, la administración estadounidense sumó a la organización a su lista negra. Los orígenes en las cárceles, la alianza con carteles mexicanos y los antecedentes del grupo que azota a Ecuador
El Departamento de Estado de los Estados Unidos oficializó la clasificación de la banda delictiva ecuatoriana Los Tiguerones como organización terrorista. La medida se concretó luego de la visita oficial a Quito del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en el marco del respaldo institucional al combate contra el crimen organizado que encabeza el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
Con esta resolución, según detalló un reporte de la agencia EFE, la banda pasó a constituir un objetivo directo para los organismos de seguridad de los Estados Unidos, sumándose a otras estructuras delictivas de ese país que ya habían recibido la misma categoría, tales como Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers.
La organización nació a finales de la década pasada en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, bajo el liderazgo de William Alcívar, alias “Willy”, un exagente penitenciario que estableció alianzas iniciales con la cúpula de Los Choneros. Con el tiempo, el clan consolidó su centro de operaciones en la provincia frontera con Colombia, en Esmeraldas, y en sectores periféricos de Guayaquil.
A lo largo de su trayectoria, el grupo protagonizó disputas territoriales por el control del narcotráfico e incurrió en delitos de extorsión, homicidios y atentados con explosivos. El episodio de mayor repercusión pública ocurrió el 9 de enero de 2024, cuando un comando armado de la banda asaltó las instalaciones del canal TC Televisión durante una transmisión en vivo, hecho que desencadenó la declaración de “conflicto armado interno” por parte del Ejecutivo ecuatoriano.
Según las autoridades norteamericanas, Los Tiguerones operan en articulación con carteles mexicanos para la logística y exportación de estupefacientes. En el plano judicial, su máximo cabecilla fue arrestado en España en octubre de 2024; sin embargo, la Audiencia Nacional de ese país desestimó la extradición y le otorgó la libertad en enero de este año tras cuestionar las garantías de seguridad en el sistema penitenciario ecuatoriano.