La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner oficializó la presentación de una denuncia individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para impugnar su condena judicial. A través de un documento difundido en medios europeos y respaldado por una conferencia de prensa de su equipo legal —que sumó a juristas internacionales con antecedentes en el caso de Lula da Silva—, la exmandataria sostuvo que la pena de seis años busca su “proscripción perpetua”, atribuyó el fallo a un “machismo estructural” en la Justicia argentina y afirmó que defenderá su inocencia bajo el escrutinio del Derecho Internacional.
Por Redacción de 25 se informa
En una jugada coordinada que busca llevar la contienda judicial al plano multilateral, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner formalizó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra. La presentación, difundida simultáneamente en prestigiosos medios internacionales como El País de España y Libération de Francia, apunta a someter el accionar del Poder Judicial argentino al escrutinio de los tratados internacionales suscritos por el país.
El anuncio fue reforzado por la presentación de un nuevo equipo de defensa internacional encabezado por el jurista brasileño Rafael Valim —integrante de la estrategia legal que defendió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva— y el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El argumento del “machismo estructural” y la hipótesis de la proscripción
Bajo el título “El costo democrático de la politización de la justicia”, la exmandataria dirigió una carta pública en la que inscribió las sentencias en su contra dentro de un fenómeno global de persecución a líderes populares. Sin embargo, sumó un eje central a su argumentación: la discriminación por motivos de género.
“Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”, denunció Fernández de Kirchner. En ese sentido, planteó la excepcionalidad histórica de su condena: “Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”.
Asimismo, la expresidenta vinculó la violencia discursiva e institucional con el intento de magnicidio sufrido el 1 de septiembre de 2022, argumentando que la estigmatización judicial actuó como un desencadenante de la agresión física. Respecto del fallo, definió la pena de prisión de seis años como un aspecto “accesorio”, señalando que la verdadera intencionalidad del proceso es la “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” y la consecuente alteración de la oferta electoral.
El procedimiento en la ONU y la apelación a la militancia
Con la radicación de la causa en Suiza, el Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá evaluar en primera instancia la admisibilidad del reclamo bajo los parámetros del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De ser aceptado el trámite, el organismo solicitará descargos e información oficial al Estado argentino antes de elaborar un dictamen formal sobre el debido proceso y la independencia judicial en el país.
“Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial y debido proceso”, sostuvo en el escrito.
En el tramo final del documento, la exmandataria envió un mensaje de tono proselitista y emocional dirigido a su base de apoyo político. Tras exhortar a “no bajar los brazos” ante lo que calificó como una “operación política”, concluyó con una frase de tono electoral: “Les digo con la misma convicción de siempre: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos”.