Un exhaustivo relevamiento realizado por la UADE junto a entidades agropecuarias expuso el crítico estado de las redes viales en el interior bonaerense. Costos logísticos en alza, aislamiento tras las lluvias y el reclamo de una mayor articulación pública-privada estructuran un escenario de tensión
Casi siete de cada diez productores agropecuarios sufrieron pérdidas económicas directas como consecuencia del mal estado de los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires. Así lo demostró un reciente estudio elaborado por el Instituto de Tecnología de la Universidad de la Empresa (UADE) de manera conjunta con la regional Sudeste de CREA, la regional Mar del Plata de Aapresid y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
El informe, confeccionado sobre la base de una encuesta a productores y profesionales del sudeste bonaerense y la Cuenca del Río Salado, reflejó un profundo malestar sectorial: el 79% de los consultados consideró que las vías de comunicación se encuentran en malas o muy malas condiciones, mientras que el 75% aseguró de forma tajante que los caminos no son transitables durante la totalidad del año.
Demoras, costos y el impacto en la vida rural
El relevamiento le puso cifras concretas a una problemática estructural de larga data. De acuerdo con las conclusiones del trabajo técnico, el 68% de los encuestados afirmó haber registrado mermas financieras debido a demoras operativas o, directamente, por la imposibilidad de retirar la producción de los establecimientos rurales. En sintonía, el 59% de los participantes estimó que el severo deterioro de las calzadas incrementa los costos logísticos generales en más de un 10%.
“Nos dimos cuenta que los productores tienen un gran interés por participar de espacios de gestión en el mantenimiento y mejora de los caminos rurales, sobre todo en vísperas de lo que será un verano lluvioso y donde es necesario el trabajo coordinado entre los gobiernos municipales y los productores locales“, argumentó Claudio David González, director del Departamento de Agronomía y Ambiente de la UADE, quien coordinó la recopilación de datos a lo largo de seis meses.
Sin embargo, el informe advierte que la problemática excede largamente la dinámica comercial de la cosecha o la ganadería. En Argentina existen más de 500.000 kilómetros de caminos rurales (de los cuales 260.000 corresponden a la región pampeana), representando el 82% de la infraestructura vial de la nación. Esta red es la única vía de acceso para escuelas rurales, centros de atención médica primaria, servicios de emergencia y conectividad vecinal. “La importancia de su mejora no es solo el traslado de la mercadería sino también mejorar la calidad de vida de quienes viven en la ruralidad”, remarcó González.
El factor climático y la falta de infraestructura
La falta de mantenimiento crónico salta a la vista en los números del sondeo: el 68% de los usuarios denunció una presencia masiva de pozos, un 82% observó deformaciones severas en la calzada y otro 82% constató que la señalización vial es deficiente o directamente inexistente, afectando la seguridad vial de quienes transitan de forma cotidiana.
El factor climático agrava la vulnerabilidad del sector. Luego de episodios de precipitaciones prolongadas, el 41% de los encuestados indicó que los accesos permanecen completamente intransitables entre uno y tres días, en tanto que un 23% aseguró que el aislamiento se prolonga por más de 72 horas, paralizando el movimiento de familias, docentes y maquinarias pesadas.
Frente a esto, el 45% de los consultados puntualizó que la principal prioridad de las gestiones debería centrarse en planes de estabilización del suelo mediante el uso de cemento o tosca, una alternativa técnica que garantizaría la circulación durante gran parte del año.
Ruptura del contrato social y el espejo internacional
La parálisis de la red vial obligó al 91% de los participantes de la muestra a reprogramar viajes, despachos o movimientos logísticos de hacienda y granos. Esta situación alimentó una creciente tensión política y judicial en distritos bonaerenses como Necochea y General Alvarado, donde los productores comenzaron a judicializar el pago de la tasa vial bajo el argumento de que las municipalidades no garantizan la contraprestación efectiva del servicio. El documento de la UADE define este fenómeno como “una ruptura en el contrato social entre el sector público y el privado”.
Como contrapartida y modelo a imitar, el estudio ponderó la experiencia del Consorcio de Servicios Rurales (Caser) de General Madariaga, un esquema donde productores y el municipio administran de manera conjunta la recaudación de la tasa vial y definen las prioridades de reparación y compra de maquinaria para los 740 kilómetros de extensión de ese partido.
Finalmente, el informe técnico analizó el impacto económico tranqueras adentro: transitar por caminos de tierra deteriorados eleva el consumo de combustible entre un 20% y un 30%, además de reducir drásticamente la vida útil de los neumáticos. Los autores contrastaron esta realidad desregulada con la de países competidores como Australia, donde los caminos rurales son catalogados como un activo estratégico para la competitividad agroexportadora, logrando un desembolso federal reciente de más de 3.250 millones de dólares para infraestructura local, traza que en Argentina continúa funcionando sin planificación a largo plazo ni inversión sostenida.